Nuestros profesores hablan

Emergencia sanitaria y desigualdad social, un desafío para nuestras universidades.
Mtro. David Fernández Dávalos
Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Vicepresidente de la UDUAL, región México

La pandemia del coronavirus no llegó al mundo de igual manera, como sobre una tábula rasa, ni lo hizo de manera abstracta, como lo hubiera hecho en cualquier otro momento de la humanidad. Nos cayó luego de treinta años de la vigencia de un modelo económico que aumentó las desigualdades nacionales e internacionales, depredó la naturaleza, desmanteló los sistemas de seguridad social, privatizó los servicios de salud y educación, generó movimientos migratorios sin precedente, hizo precario el empleo formal y arrojó a la informalidad a la mayoría de la población económicamente activa en los países del Sur.

De esta manera, la afectación del virus sobre la población es diferenciada, según se ubique ésta dentro de la enorme desigualdad económica y social actualmente existente, con una minoría acomodada, pero también con millones de seres humanos en la pobreza o la miseria, otros desempleados, otros más con empleos y salarios precarios, o en condiciones apenas de sobrevivencia.>

Además, el desmantelamiento que hemos vivido del Estado de bienestar y de las políticas públicas de seguridad social hacen hoy enormemente más difícil enfrentar el desafío de la enfermedad, que treinta o cuarenta años atrás.

En este mundo desigual, conflictivo y complejo, es indudable que la epidemia causará mayores estragos entre quienes menos tienen, entre los trabajadores, las clases populares y, particularmente, entre la población migrante y entre quienes trabajan en la informalidad. Esto les sucederá igualmente a los países más pobres. Desde ya emergen datos de extensión del contagio mucho mayor en países como Haití o Dominicana, naciones que, adicionalmente, tienen carencias enormes para atender adecuadamente a los enfermos.

Estos países empobrecidos y periféricos tendrán indudablemente que recorrer un camino mucho más arduo y largo que los países de la Europa occidental o de Norteamérica. Con sistemas de salud poco robustos, desmantelados o privatizados, con escasez de recursos para desarrollar políticas de prevención, salubridad y contención, así como para adquirir equipo y medicamentos para atender a los enfermos. Es de prever que los índices de morbilidad y letalidad en nuestros países sean probablemente mucho más altos que en las metrópolis.

Por lo que se refiere a la afectación económica, la pandemia ha sido ocasión para que capitales nacionales de economías emergentes o débiles hayan salido de los países latinoamericanos para refugiarse en monedas fuertes y en los países del norte. Tanto que el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) lo haya calificado como un “dramático colapso”. Se estima que pudieron haber salido ya unos 90 mil millones de dólares en un episodio de fuga de capitales récord, significativamente mayor que en la crisis del 2008-2009. El avance del COVID-19 ha creado un choque severo en las economías de nuestros países.

La salud es lo primero, sin duda, pero también hay que actuar para que la economía latinoamericana no se derrumbe, más todavía de lo que décadas de neoliberalismo la han afectado. La contracción económica prevista puede ser de entre 5 y 7 % y, como es obvio, las principales afectaciones las soportarán las micro, pequeñas y medianas empresas, con dificultad para superar la recesión, la parálisis y la inactividad por los períodos obligatorios de cuarentena.

El modelo económico actual se ha mostrado ya incapaz de evitar o, al menos, de dar respuesta a emergencias como la que ahora transitamos. Pero en los países más pobres es brutalmente evidente lo que las metrópolis solamente despunta. El virus ha venido a evidenciar que el viejo modelo económico, aplicado ferozmente en las últimas décadas, ya no da para más y que no resuelve las necesidades de la gente, de los pueblos. No lo hace ni lo puede hacer porque funciona solamente en torno de la reproducción del capital y la maximización de la ganancia: sólo se reproduce a sí mismo.

El modelo económico privatizador consiguió que el tamaño de nuestros Estados se redujera de manera muy significativa. Por consiguiente, los gobiernos en América Latina tienen ahora capacidades muy reducidas para sostener y estimular las economías nacionales.

La enfermedad actual nos coloca frente a la urgencia de transitar hacia un nuevo modelo económico global centrado en las necesidades y los derechos de las personas, y no en la expansión del capital. Un nuevo modelo que incluya el mandato de la igualdad entre personas y países y lo promueva.

Como bien señala Orlando Delgado, directivo de UDUAL, no podemos enfrentar una situación como la que ahora vivimos afirmando que los principios económicos que nos han traído a este punto de gravedad siguen siendo válidos. Por el contrario, se hace necesario cuestionar políticas tradicionales, cuasi dogmas, como aquella de cero déficit fiscal, la de no endeudamiento, la de conservación de la estructura tributaria de siempre, etc.

Un nuevo modelo incorpora necesariamente un nuevo pacto tributario que permita que el Estado tenga mayores recursos y sea más capaz de atender las necesidades sociales. El Estado tiene que crecer en ingresos, en capacidad de rectoría económica, en intervención económico, para que sea capaz de atemperar las desigualdades y generar sistemas de seguridad social, de salud, educación, cultura y recreación fuertes, eficientes y capaces de atender contingencias como la que ahora nos aflige.

Nuestras Universidades.

En este marco, resulta indudable que las universidades de América Latina enfrentan particulares y graves desafíos frente a la pandemia.

El primero de ellos es el de la docencia. Ante las políticas de distanciamiento social y la imposibilidad de las clases presenciales, el reto consiste en hacer llegar los servicios educativos al conjunto de la población estudiantil. La dificultad para ello es doble: por un lado se hace necesario fortalecer las capacidades tecnológicas de nuestras instituciones para hacerlas capaces de ofrecer las clases a distancia y en línea, es decir multiplicar los recursos digitales, pero también es preciso adaptar los contenidos académicos de suerte que puedan ser enviados por el ciberespacio y ser comprendidos por los destinatarios. Supone un trabajo ingente de capacitación de los docentes y de reelaboración de los materiales educativos de carácter masivo. Pero adicionalmente, y este es un reto todavía mayor, se requiere que nuestros estudiantes tengan la capacidad económica para conectarse al mundo digital, así como tener los hábitos de estudio imprescindibles para hacerse cargo de su propia formación.

Éste, como puede verse, es un desafío mayúsculo. Muchas de nuestras universidades, al decretarse la fase dos de la pandemia, hemos migrado algunos de nuestros programas y cursos a internet. Pero esto no ha sido, ni mucho menos, generalizado o completo. Y tendríamos que confesar que, como universidades, no podemos operar en línea, por vía remota, de manera generalizada y por periodos lectivos completos. Nuestro modelo es presencial primordialmente, si bien tenemos espacios y programas digitales, pero son los menos.

Pero, además y de manera más importante, es imposible que la población estudiantil de nuestras instituciones en su totalidad pueda contar con los recursos económicos y actitudinales para acceder a sus clases en línea. Una parte lo hará, sin duda, pero la enorme mayoría tendrá dificultades insalvables para ello.

De esta manera, la contingencia del coronavirus, vendrá a agravar desgraciadamente la desigualdad social, sancionando la distancia entre las poblaciones conectadas de aquellas sin posibilidad de hacerlo. La educación superior contribuirá con ello, no a aminorar las diferencias sociales, sino a congelarlas. Esto es una tragedia.

En segundo lugar, se nos plantea también el desafío de la investigación: contribuir con el saber de la universidad a atender con eficacia el problema de salud, pero también la crisis económica que la pandemia ocasiona y que se profundizará a lo largo de los próximos años. Poner el haber completo de la universidad al servicio de nuestros pueblos es otro reto de la mayor importancia.

Muchos de los grupos dirigentes en nuestros países latinoamericanos se han comportado con negligencia o bien han politizando el tema del emergencia sanitaria. Sólo el saber universitario, y el compromiso nuestro como instituciones académicas, actores de pleno derecho en el plano de lo social, logrará hacer que se objetive y se maneje de manera primordialmente técnica y científica, tanto el problema sanitario como el desafío económico que nos plantea. Este es un momento para que epidemiólogos, médicas, psicólogos, profesionales de la salud, ofrezcan posibilidades de manejo sanitario profesional de la contingencia a nuestros gobiernos. Pero también que nuestras economistas, sociólogos, especialistas en administración pública, politólogas puedan diseñar programas de intervención en la coyuntura económica, con medidas tendientes a garantizar el empleo, la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, la atención a las poblaciones informales, la inversión pública y privada, así como el rescate de los grupos sociales excluidos.

Por último, ante la polarización social agudizada por la emergencia de salud pública y por la actual crisis económica, nuestras universidades pueden constituirse en espacios de diálogo y confrontación de ideas, pero también en aliados estratégicos de aquellos sectores interesados en un cambio social orientado hacia la justicia y la inclusión social. Las universidades son agentes activos y pasivos del sistema. Son condicionados por el mismo, pero también pueden transformarlo con lo que son y lo que tienen. Caer en la cuenta de ello y poner nuestros recursos a jugar en estos momentos definitorios para el futuro de nuestros países de la región entera, es el desafío más importante que probablemente estamos enfrentando.

Adicionalmente, una de las reflexiones que podemos hacer luego de la aparición del COVID 19 es que en el nivel internacional existe hoy un intolerable vacío de lo público. Es decir, que no existen instituciones, gobernanza, legislaciones que se deban a lo público, creadas para garantizar los intereses de los pueblos y de la ciudadanía. Lo único que existe hoy con fuerza de ley pertenece al ámbito de lo privado: tratados comerciales, contratos, organismos de arbitraje, etc. No hay una esfera pública de lo internacional. Es urgente crearla para que justamente haya políticas sociales y económicas globales que pongan por delante el bien común, particularmente el de los sectores empobrecidos y explotados, aminoren las desigualdades y se construya una sociedad más justa e incluyente. La acción coordinada de nuestras instituciones de educación superior en la región, de la UDUAL misma, podrían abrir espacios para impulsarlo.