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Consecuencias de la pandemia sobre la educación superior en Bolivia

Dr. Waldo Albarracín Sánchez

Rector de la Universidad Mayor de San Andrés

 

I. Reflexión previa
Estamos viviendo uno de los problemas de sobrevivencia del género humano más grandes y funestos acaecidos en los últimos cien años. La pandemia del coronavirus ha afectado a países grandes y chicos, pobres y ricos, desnudando las malas condiciones de la infraestructura hospitalaria de muchos estados, especialmente los del tercer mundo, generando el colapso de la infraestructura sanitaria de naciones desarrolladas. A todos, con impotencia y angustia, nos invadió y sorprendió desprevenidos el colapso de los centros de salud, en el contexto de un drama apocalíptico que meses antes no habríamos imaginado experimentar.
Si bien muchos gobiernos reaccionaron acorde a las circunstancias –adoptando medidas restrictivas de la libertad de locomoción de su gente, disponiendo que todos se queden en casa, paralizando las actividades económicas, productivas, educativas y todo evento que concentre cantidades grandes de personas, logrando amortiguar parcialmente las secuelas del problema–, no es menos evidente que esta medida no constituya una solución completa, ante la ausencia de pruebas masivas que permitan obtener información y diagnósticos previos para la adopción de un conjunto de medidas preventivas. Es así que se advierte que la solución definitiva del problema no se materializará en plazos inmediatos.
La prolongación y persistencia de esta crítica situación en la que nos encontramos está generando profundos problemas en diversos ámbitos, especialmente en el campo económico social. Muchas empresas anunciaron la suspensión definitiva de sus actividades, se advierte en adelante la pérdida masiva de fuentes de trabajo, fenómenos de recesión económica, colapso financiero que ocasionará la repercusión negativa en ámbitos como el cultural, educativo en todos sus niveles.
Sin embargo esta experiencia, inédita en nuestras vidas, nos está dejando aprendizajes que sabremos asimilar y aplicar hacia adelante en función de mejorar nuestra forma de convivencia. Indefectiblemente ya nada será igual para todos, en la historia universal hay un antes y un después de la pandemia. Para ello es sensato reconocer que gran parte de las consecuencias que se están suscitando tiene su origen o causa en la forma de vida que estábamos llevando, nos convertimos en enemigos de la biodiversidad, afectamos ostensiblemente el medio ambiente, contaminamos las aguas y el aire, oscurecemos los cielos de las ciudades, practicamos el ecocidio en muchas regiones del mundo sin escrúpulo alguno.
No es casual que, coincidente con la vigencia de las cuarentenas dispuestas en la mayoría de los países, las aguas de los ríos y lagos hayan recuperado su color original, que muchas especies de animales se sientan en la libertad de ingresar a las ciudades, como queriendo reconquistar espacios perdidos, pues la naturaleza se está reciclando. En el contexto de esta nueva realidad, los procesos y programas de formación y específicamente de la educación superior, de aquí y hacia adelante, no pueden ignorar este nuevo escenario. Las respuestas de los estados, así como las universidades, deberán estar adecuadas a los nuevos desafíos históricos.

II. La pandemia y sus secuelas en el sistema de educación superior en Bolivia
En los últimos años, tanto en los foros de la UDUAL, como en otros ámbitos, se enarboló con mucha razón y legitimidad el principio de que “La educación superior es un bien público y social”, el cual inspiró el andamiaje de las entidades de formación profesional, públicas y privadas. La educación constituye uno de los instrumentos más efectivos que viabiliza el desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones, además de estar considerada como uno de los derechos humanos fundamentales, así lo estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagrada por la Organización de las Naciones Unidas, un 10 de diciembre de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económico Sociales y Culturales, aprobado por el mismo organismo en 1966, además de las constituciones políticas de la mayoría de los estados. En ese sentido, en cada país se promovió como Política de Estado la educación en general, en sus diversos ciclos y específicamente la educación superior a través de las universidades públicas y privadas; las primeras, en varias regiones con el estatus de autónomas y las segundas reguladas por el organismo gubernamental pertinente.
En el caso boliviano, la norma supra legal, es decir la Constitución Política del Estado, establece que: “ La educación superior desarrolla procesos de formación profesional, de generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad…”, asimismo enfatiza: “ Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía”, “ Las universidades públicas serán obligatorias y suficientemente subvencionadas por el Estado…”, “Las universidades privadas, se regirán por las políticas, planes, programas y autoridades del sistema educativo…”, “El Estado no subvencionará a las universidades privadas…”.
Hago mención a estas previsiones constitucionales para demostrar que la fuente de financiamiento de las universidades públicas en Bolivia, no obstante su carácter autónomo, proviene del fisco, concretamente de los recursos que genera la venta que el país realiza a otros estados de los hidrocarburos, a través del IDH; luego los aportes provenientes del Tesoro General de la Nación, así como una tercera fuente denominada la coparticipación tributaria; finalmente están los ingresos propios que constituyen porcentajes muy bajos en relación a los anteriores.
Si bien, hasta el año 1914 el precio del barril del petróleo en el mercado internacional experimentó una elevación extraordinaria, posteriormente su descenso fue irreversible, tan significativamente que afectaron ostensiblemente los ingresos del Estado y, por ende, provocaron déficits económicos en las universidades públicas. El fenómeno del Coronavirus está generando, por razones, obvias recesiones económicas en países grandes y chicos, ricos y pobres. Bolivia está experimentando ya una profunda crisis económica, la cual tiene una consecuencia directa en el funcionamiento de las universidades públicas, pues la falta de recursos financieros está afectando los programas de investigación, así como el funcionamiento académico y administrativo, es más, el cierre de las universidades para someterse a la cuarentena le impide operar sus mecanismos de ingresos propios, que si bien son de bajos porcentajes en relación a las otras fuentes, tienen su propia importancia por la finalidad específica que les caracteriza.
En el caso de las universidades privadas, de similar manera, al no contar éstas con el financiamiento estatal, por previsión constitucional, dependen de sus propios ingresos, siendo la matriculación de sus estudiantes una de sus fuentes principales. El receso forzado les impide captar recursos y ocasiona una profunda crisis financiera.
Lo mencionado hasta ahora tiene que ver con las dificultades económicas que aquejan a las entidades de educación superior, pero no es la única consecuencia negativa ocasionada por el fenómeno de la pandemia. En el ámbito académico esta interrupción no prevista interfirió en el normal desenvolvimiento de sus actividades de enseñanza y aprendizaje, bajo el sistema esencialmente presencial. Ninguna universidad había previsto que, como estrategia de sobrevivencia en todo el mundo, se tengan que suspender todas las actividades de concurrencia masiva de personas, entre ellas, las desarrolladas por las universidades que aglutinan masas importantes de seres humanos todos los días.
En Bolivia, la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz supera los 100 mil estudiantes matriculados, la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz acoge a 80 mil, para dar algunos ejemplos, sin tomar en cuenta el personal docente y administrativo. Similar situación acontece en las universidades de otros departamentos, además de la población de las universidades privadas, cuya creación se incrementó significativamente en los últimos años. Por consiguiente, el conjunto de las universidades no podían eximirse de las restricciones impuestas por el gobierno central, teniendo que someterse a la cuarentena aún vigente, lo que le está impidiendo realizar investigaciones, acciones de interacción social e implementar las clases presenciales, viéndose afectados los calendarios académicos, que si bien fueron programados con la debida anticipación, igual se interrumpieron y neutralizaron a consecuencia de la pandemia.
Este enemigo, invisible pero poderoso, además de ocasionar un contagio masivo en todo el mundo y provocar muertes cual se tratase de una tercera guerra mundial, está afectando directamente al sistema educativo en general y específicamente a la implementación de los programas de enseñanza universitaria, formación profesional (pregrado), investigaciones científicas, cursos de posgrado, extensión universitaria, además de los proyectos orientados bajo la consigna de Responsabilidad Social Universitaria, precisamente por su emergencia súbita, intempestiva y, por ende, no prevista por los estados y los sistemas de enseñanza superior vigentes en cada país.
Ahora, si bien es evidente que, en cada universidad ya se estaban implementando desde hace algunos años un conjunto de procedimientos y metodologías de enseñanza vía on line, o virtual, especialmente a nivel de posgrado, esta opción, bajo ninguna circunstancia, no remplazará los programas presenciales, sobre todo en el pregrado.

III. Alternativas
No obstante esta cruda realidad que vive el género humano, mal endémico que no muestra una solución a corto plazo, las universidades no pueden ni deben limitarse a suspender sus actividades con el argumento de evitar contagios masivos. Si bien la cuarentena constituye una medida imperativamente necesaria, los estados requieren del concurso protagónico de sus entidades de educación superior, de sus científicos, docentes investigadores, precisamente para contribuir a través de su labor especializada en la búsqueda de soluciones al problema de la pandemia. Precisamente son las llamadas a adoptar este tipo de responsabilidades para cumplir eficazmente con su sociedad, para ser consecuentes con ese principio de que la educación superior es un bien público y social. Es decir, las universidades necesitan retornar a sus actividades normales para justificar su existencia y orientar a las autoridades nacionales y regionales de su país sobre las formas más idóneas de afrontar el gran problema que adolece el género humano. Igualmente, a través de sus unidades vinculadas al campo de la salud, proporcionar la información necesaria sobre la pandemia a efecto de evitar más improvisaciones.
En el caso de la educación superior en Bolivia hay una expectativa ciudadana sobre la intervención protagónica de las universidades, especialmente de las públicas, porque éstas se sostienen gracias a los impuestos que eroga la sociedad civil. Ergo se impone la obligación ineludible de involucrarse de manera más decisiva en la atención del problema, así como en la orientación de cómo afrontar el escenario de la pospandemia, contribuyendo a la elaboración de un nuevo diseño económico social, como política de estado, hacia una economía enfocada en el crecimiento del PIB, una estructura económica basada en la redistribución más equitativa de la riqueza, tendiente a extinguir las desigualdades y asimetrías aún vigentes, reducción de gastos suntuarios, impulso de una agricultura regenerativa, basada en la conservación de la biodiversidad sustentable y, lo que es fundamental, aprendiendo de las omisiones anteriores, coadyuvando al mejoramiento de la infraestructura sanitaria que hoy se muestra insuficiente ante la cantidad de casos de víctimas de la pandemia.
Para todo ello, el Estado boliviano, cumpliendo la previsión constitucional, deberá garantizar la suficiente asignación presupuestaria a las universidades. No obstante, la aguda crisis que se avecina como emergencia de la pandemia y la paralización de las actividades económicas en el país. Aplicando el aforismo de que no hay mal que por bien no venga, es necesario obtener un aprendizaje de esta dura experiencia.
Corresponde, por tanto, encontrar la oportunidad para que, a partir de los nuevos lineamientos, las universidades puedan proporcionar, al Estado y a la sociedad, proyectos tendientes a rediseñar una nueva forma de convivencia colectiva, perfilando un país más solidario, más justo, respetuoso del medio ambiente y de los derechos humanos, en el marco de los principales referentes democráticos. Ahí radica, precisamente, la importancia y trascendencia de la educación superior.