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Espacio CELAC

Encuentro CELAC de Rectores
Hacia la nueva economía global post-pandemia

Orlando Delgado Selley

En primer lugar, agradezco a la presidencia pro-tempore de CELAC, a la cancillería mexicana y a UDUAL la invitación para participar en este primer encuentro de rectores universitarios y cancilleres de CELAC. Enfatizo primer encuentro, ya que además de que en unos días, el 5 de junio, habrá un segundo dedicado al análisis de los retos que enfrentará el sector de educación superior post-pandemia, proponemos que en este primer encuentro se acuerde construir una sociedad interesada en aportar soluciones a los problemas de nuestra región, desde la perspectiva que ofrecen las universidades de América Latina y el Caribe. Gobiernos y universidades juntos podemos colaborar en múltiples aspectos en la búsqueda de soluciones que integren las mejores propuestas con el fin de construir mejores sociedades.

Dicho esto, formulo algunas propuestas de política económica que pueden contribuir a ampliar las posibilidades de intervención de cada uno de nuestros gobiernos, en lo que ya tenemos frente a nosotros: una importante contracción de la actividad económica, con los efectos consecuentes en el empleo formal e informal. Las propuestas se agrupan en dos espacios: el de las necesidades de recursos, es decir, de sus usos; y el de las fuentes de financiamiento de esos recursos.

Por el lado de los usos, es indiscutible que tras varias décadas de adelgazamiento estatal y supuesta racionalidad en el gasto público, los estados latinoamericanos y muchos caribeños redujeron sus capacidades ya que se cortaron un conjunto de herramientas que posibilitaban intervenciones específicas para corregir fallas de mercados particulares, así como para impulsar el desarrollo económico en nuestros países. El triunfo de la ideología del mercado no sólo privatizó empresas públicas estratégicas, sino que también desreguló las actividades económicas. Además, impuso una concepción en la que la responsabilidad del Estado con su población se sustituyó por la participación de empresas privadas que se convirtieron en dominantes en mercados creados por la desregulación, como la salud, la educación, la cultura y muchos más. El sistema de salud pública, siguiendo esta ideología, fue reducido a su mínima expresión, rompiendo la estructura de atención de la propia salud pública. Por eso, frente a contingencias como la actual hemos tenido que responder con meses de confinamiento social para tratar de reducir a límites manejables la presión de los contagiados por el COVID-19, demandando cuidados intensivos.

Consecuentemente, hay un primer requerimiento fundamental: recuperar la capacidad de respuesta estatal frente a contingencias de salud como la actual. Esta recuperación demanda recursos cuantiosos que deberán invertirse durante varios años. Se trata de proteger presupuestalmente estas necesidades, incorporándolas en los presupuestos públicos de los siguientes ejercicios. Este es sin duda el primer requerimiento.

Segundo, los gobiernos en nuestros países han propuesto y están instrumentando diversas medidas para paliar el impacto recesivo provocado por la suspensión de actividades. Los efectos de esta suspensión, que ya estamos sintiendo, se agravarán con el tiempo y provocarán la ruptura de cadenas de valor que sólo podrán restaurarse a través de la acción estatal. La pérdida de empleos, que ya suma varios millones solamente en nuestra región, agudizará las condiciones recesivas de la economía. Por esta razón, los estados tendrán que aumentar significativamente los recursos que tendrán que destinar a la protección de los más afectados que, como es evidente, carecen de mecanismos de defensa propios. Otros grupos de la sociedad también están siendo afectados, pero buena parte de ellos cuentan con recursos para resistir durante los meses más difíciles de la contracción.

Estimaciones conservadoras permiten conocer que los requerimientos de recursos públicos serán superiores al 5% del PIB nacional. Por supuesto, los gobiernos carecen de estos recursos para enfrentar los requerimientos señalados. La ideología neoliberal sostiene como un principio casi sagrado la necesidad del equilibrio presupuestal, no importa lo que se deje de hacer. En una situación como la actual este principio, muy cuestionable en cualquier circunstancia, no puede sostenerse. Lo principal es responder pronta y eficientemente a la debacle que estamos viviendo. Así que debiera haber déficit fiscal, por lo menos este año y el próximo.

Veamos el asunto ahora por el lado de las fuentes de financiamiento. La fuente natural para este tipo de requerimientos es la tributaria. Nuestra región, una de las más desiguales del mundo, requiere desde hace mucho tiempo reformas profundas a sus sistemas tributarios con un marcado sesgo progresivo.

Se ha hablado, en este marco, de la necesidad de un pacto social a través del cual los ricos latinoamericanos contribuyan en una medida mucho mayor a financiar actividades estatales irrenunciables. Política y económicamente estas reformas son convenientes y necesarias. Acordar con los diferentes actores políticos y económicos esta reforma es urgente. Su necesidad es evidente y su viabilidad política se ha incrementado por la pandemia. De modo que hay que hacer una profunda reforma tributaria en nuestros países que aumente los recursos del Estado significativamente.

Esta reforma es fundamental. Pero los recursos que esta reforma genere (incluso logrando su aprobación en este mismo año) no se recibirán en este año y sólo parcialmente en el siguiente. Por eso es necesario acudir a fuentes de financiamiento que puedan estar disponibles inmediatamente. Diversos sectores han planteado que en nuestra región, por lo menos buena parte de los países, cuentan con espacio para endeudamiento neto adicional, lo que es cierto. Sin embargo, es evidentemente que si la deuda crece, crecen también los pagos por el servicio de esa deuda. Una propuesta radical que se plantea repetidamente sería desconocer la deuda, pero ello no parece viable.

Por ello, proponemos suspender el pago de los intereses de la deuda pública, particularmente de la externa, tanto la contratada con entidades privadas como con organismos financieros internacionales. El peso de los pagos de intereses sobre la deuda pública actual contratado suma entre 3 y 5% del PIB. En lugar de pagarlo a nuestros acreedores financieros debieran destinarse al pago de nuestros acreedores sociales, los pobres de nuestra región. No se trata de posponer el pago de intereses de cuatro a seis meses, como han planteado los bancos comerciales a sus clientes en México, sino acordar, a escala regional primero y después consensarlo a nivel global, la suspensión por dos años del pago de intereses de la deuda pública. Aquí hay una fuente de financiamiento inmediata y en los montos requeridos.

La crisis ha colocado a la humanidad en una encrucijada. El futuro se ha complicado mucho. Diversos asuntos plantean perspectivas muy desfavorables. Los principales afectados serán los más necesitados. Es el tiempo de revertir lo que la humanidad ha hecho en su evolución reciente: ha puesto en peligro su viabilidad en el largo plazo con el calentamiento global, al tiempo que ha exacerbado la desigualdad a límites que parecían haberse superado hace décadas. Hoy tenemos que reformar el funcionamiento a escala global y en cada país en particular. La oportunidad existe. Hay condiciones para aprovecharla.